Este informe no refleja necesariamente el punto de vista del CICR

La Red de Seguridad Humana (en adelante, la Red), en colaboración con el Centro para el Diálogo Humanitario, sito en Ginebra (en adelante, el Centro), patrocinó el taller sobre armas portátiles, cuya finalidad era:
- poner de relieve los estragos que se registran en el ámbito humanitario, a causa de la disponibilidad y el uso indebido de las armas portátiles y las armas ligeras;
- proporcionar una información actualizada al Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja acerca de la creciente envergadura de la cuestión de las armas portátiles a nivel mundial;
- determinar posibilidades para la acción de los Estados y el Movimiento en los próximos años.

Desde sus comienzos en 1999, la Red ha considerado la cuestión de la disponibilidad y el uso indebido de las armas portátiles como un problema muy importante. Desde 2001, el Centro ha coordinado debates sobre este tema entre los miembros de la Red, las ONG y los organismos de las Naciones Unidas, a fin de crear una mayor conciencia del costo humano de la proliferación y el uso indebido de las armas portátiles y alentar la consolidación de los análisis que se centran en las personas para hacer frente a esta crisis.

Presidieron el taller S.E. el señor Lassana Traoré, ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Malí y el actual presidente de la Red, y estuvo a cargo de la coordinación el señor Martin Griffiths, director del Centro. El señor Traoré destacó el interés especial que Malí siempre ha manifestado por la cuestión de las armas portátiles, en particular el papel de vanguardia que desempeñó ese país con ocasión de la adopción en 1998 de la Moratoria sobre la importación, la exportación y la producción de armas pequeñas y armas ligeras por los Estados de la Comunidad Económica de África Occidental (ECOWAS). Observó que la falta de recursos impide que la Moratoria se aplique efectivamente, y llegó a la conclusión de que la voluntad política y los recursos técnicos son dos factores esenciales para poder controlar la disponibilidad de armas a través de las fronteras. Declaró que unos 640 millones de armas y 16.000 millones de proyectiles de munición estaban en circulación en el mundo, a los que se añaden 8 millones de armas nuevas que entran, cada año, en el mercado. Su Excelencia también destacó que es importante hacer frente a la cuestión de la disponibilidad y el uso indebido de las armas por lo que respecta a los grupos armados no estatales.

El señor Dennis McNamara, inspector general de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se refirió a las repercusiones generalizadas de la disponibilidad de armas: además de las repercusiones directas en términos de heridos y muertos -cada año hay más de 500.000 víctimas de la violencia con armas de fuego–, la disponibilidad de armas tiene repercusiones indirectas en el desarrollo sostenible, la educación y la atención de salud, y se manifiesta indirectamente en términos de desplazamiento, violencia sexual, militarización de los campamentos de refugiados y ataques deliberados contra el personal de organizaciones humanitarias y de desarrollo.

Observó que, en el último decenio, se dieron a conocer pruebas convincentes. El primer estudio importante realizado a ese respecto fue publicado por el CICR, en 1999, con el título: La disponibilidad de Armas y la Situación de la Población Civil en los Conflictos Armados. En este estudio se muestra con toda claridad que la disponibilidad de armas constituye una grave amenaza para la seguridad de la población civil y, de hecho, para la acción humanitaria en general. El señor McNamara mencionó otros valiosos estudios producidos por Small Arms Survey y señaló a la atención de los participantes una publicación producida por el Centro, con el apoyo de la Red, titulada Putting People First: Human security perspectives on small arms availability and misuse, que ha permitido determinar las prioridades para la acción en el ámbito de la seguridad humana.

Al concluir, el señor McNamara felicitó a la Red por su visión y su compromiso en relación con este problema. Y exhortó a todos los Estados y a la comunidad humanitaria a traducir lo antes posible en acción la considerable cantidad de información de que se dispone, centrando sus esfuerzos en particular en la elaboración y la aplicación de las normas jurídicas pertinentes. También los exhortó a efectuar programas con objeto de retirar las armas de la circulación y hacer frente a las principales causas de la demanda de armas, así como a reforzar los regímenes de control de las exportaciones, a fin de reducir las transferencias destinadas a usuarios irresponsables sean Estados, grupos armados no estatales, sean personas civiles.

El señor Arthur de-Winton Cummings, secretario general de la Cruz Roja de Sierra Leona contribuyó con una ponencia titulada In the Line of Fire: Humanitarian workers’ safety and security. El señor de-Winton Cummings explicó la forma en que la disponibilidad y el uso indebido de las armas habían incidido en las actividades y la seguridad del personal de la Cruz Roja durante los diez años de guerra civil. Ni el embargo de la venta de armas impuesto a Sierra Leona en 1997 ni la Moratoria regional que había entrado en vigor en 1998 tuvieron el resultado previsto, pues ninguna de esas medidas había sido debidamente aplicada.

El señor de-Winton Cummings también bosquejó el panorama mundial de la situación en la que se encuentra el personal humanitario, que fue particularmente importante teniendo en cuenta los numerosos ataques y homicidios de que han sido objeto sólo este año. Presentó algunos ejemplos de las medidas que podrían tomar las Sociedades Nacionales aprovechando del impulso dado a la acción a nivel mundial: reunir datos y testimonios, intercambiar experiencias en términos de prevención de los riesgos y participación en los esfuerzos de desarme. Se insta en particular a las organizaciones humanitarias a que apoyen la fase para 2004 del estudio mundial que lleva a cabo el Centro y el Small Arms Survey, por el que se pretende crear una base de pruebas sobre los efectos de las armas portátiles en el personal y las operaciones.

Varios participantes convinieron en los problemas que plantean las armas portátiles para la seguridad humana y acerca de la necesidad de procedimientos de participación integral para hacerles frente de forma global. Otros formularon comentarios sobre la necesidad de reducir la ingente cantidad de armas en circulación y limitar los nuevos suministros de armas. Se refirieron a que las perspectivas de seguridad constituyen en marco útil para abordar la crisis de las armas portátiles, y atribuyeron la seguridad de los pueblos una prioridad entre las políticas y los objetivos de los programas.

Por último, el señor Traoré reiteró que era menester poder contar con la voluntad política para hacer frente a este problema, y añadió que las alianzas entre la sociedad civil y los Gobiernos eran la única forma eficaz de abordar todos sus aspectos. El señor Traoré reafirmó el compromiso de Malí respecto del nuevo Tratado sobre el Comercio de Armas, por el cual se exhorta a que se formulen leyes y normas internacionales para hacer frente a la transferencia y al uso indebido de las armas por usuarios irresponsables. Como colofón, instó a que se consideraran los efectos de la disponibilidad de armas de la misma forma que se consideran otros riesgos de la salud, como el tabaco, y al hacerlo estaba apuntando a un enfoque que coloca en primer plano la seguridad humana.

Los participantes en el taller exhortaron a:
· los Estados a hacer suyo el llamamiento del CICR para incluir criterios del derecho internacional humanitario en las normas nacionales sobre la transferencia de armas;
· los diferentes agentes involucrados a proseguir la firme aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas y armas ligeras, particularmente por lo que respecta a un mayor control de:
- la producción y la transferencia de armas;
- la gestión eficaz de las existencias de armas;
- los programas de desarme global, desmovilización y reinserción en situaciones de posconflicto;
- la aplicación estricta de los embargos de armas y la elaboración de una legislación para reglamentar las actividades de los intermediarios del comercio de armas;
· que se reconozca que la reunión bienal de 2005 y de la Conferencia de Examen de 2006 para evaluar la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas representan para el Movimiento y los Estados una oportunidad invalorable de tomar posición con firmeza respecto de esta cuestión;
· que el personal humanitario se beneficie de un mayor respeto y protección, para que puedan desempeñar sus actividades exentos de amenazas de violencia armada o de ataques deliberados;
que prosigan las necesarias actividades de investigación orientadas a la acción, con miras a lograr una comprensión más clara de los factores que inducen el aumento de la demanda de armas portátiles y armas ligeras, y se refuercen los vínculos entre las actividades de desarme y las actividades de desarrollo.