Para agilizar la consulta, la Guía Práctica está dividida en temas, que pueden estudiarse por separado. Son los siguientes:

• seguridad personal;
• violencia sexual;
• desplazamiento;
• libertad de circulación;
• víveres y artículos domésticos esenciales;
• agua;
• fuentes de sustento;
• albergue;
• salud;
• higiene y saneamiento;
• mantenimiento del contacto entre familiares;
• educación y acceso a la información;
• prácticas religiosas y culturales;
• grupos sociales;
• cuestiones jurídicas.

Los problemas que enfrentan las mujeres detenidas se abordan de forma independiente (en la Parte II de la Guía), puesto que las mujeres privadas de libertad dependen de la autoridad detenedora para satisfacer sus necesidades básicas y el CICR tiene un cometido especial con respecto a la detención. Esta sección del documento ayuda al lector a comprender los problemas específicos de las mujeres privadas de libertad.

La organización temática de la Guía Práctica refleja una conclusión básica del estudio Las mujeres ante la guerra, a saber, que la experiencia de las mujeres en los conflictos armados tiene múltiples facetas: detención, aislamiento, pérdida de familiares, inseguridad física y económica, privaciones varias y un mayor riesgo de sufrir violencia sexual o lesiones, e incluso de morir. Tanto en el estudio como en la Guía Práctica se intenta demostrar que, a pesar de que las mujeres pueden verse expuestas a diversos riesgos a raíz del estallido de las hostilidades, no por ello son necesaria e inevitablemente víctimas. En el mundo entero, también hay mujeres que desempeñan, en los conflictos armados, actividades sociales, profesionales, públicas o políticas, o prestan servicio en las fuerzas armadas, de seguridad y de policía.

En la Guía Práctica, se hacen numerosas propuestas sobre las medidas y las actividades que pueden ayudar a mitigar los efectos de los conflictos armados en las mujeres. Esas propuestas se basan en las mejores prácticas y las lecciones aprendidas en relación con las necesidades de protección y asistencia de las mujeres afectadas por conflictos armados. Al inicio de cada sección, se ofrece una breve presentación de cada tema, a fin de que los lectores centren su atención en las propuestas y no en la descripción del problema, que pueden hallar fácilmente en otros documentos. Después, se ofrece un resumen de los puntos clave que deben considerarse en la planificación de programas destinados a las mujeres, así como de las dificultades que deben evitarse. También se incluye en cada sección una reseña del marco jurídico pertinente, es decir las normas generales y específicas que confieren protección a las mujeres afectadas por conflictos armados. Cada tema se ilustra con ejemplos prácticos para facilitar la comprensión del problema haciendo referencia a situaciones reales. Los lectores pueden confrontar cada una de esas situaciones con la que les corresponda abordar y pueden utilizarlas como base para la elaboración de respuestas adecuadas. Los ejemplos se fundan en situaciones que el CICR ha encontrado en la realización de sus actividades o en la investigación realizada para el estudio Las mujeres ante la guerra.

Esta Guía ha sido pensada como ayuda para la elaboración y la ejecución de actividades destinadas a responder a las necesidades de las mujeres, tomando en consideración:

• el papel, la condición y la posición de las mujeres como parte del análisis global;
• las maneras específicas en que la guerra puede afectar la vida de las mujeres;
• las maneras adecuadas de responder a las víctimas de violencia sexual;
• la necesidad de incluir a las mujeres en los programas humanitarios;
• la necesidad de adaptar los mensajes de comunicación a cada contexto y de incluir las cuestiones específicas que pueden afectar a las mujeres;
• las legislaciones y las prácticas vinculadas, en el plano nacional, a la situación de las mujeres.

La participación de las mujeres en la evaluación, la ejecución y el seguimiento de los programas en su favor permite una mejor comprensión de sus necesidades. Además, cuando se incluye a personal femenino en las actividades de distribución de socorros, las mujeres están menos expuestas a la explotación y los abusos. Por consiguiente, las organizaciones humanitarias deben velar por que sus equipos estén integrados por hombres y mujeres (y, cuando sea posible, por personal local y expatriado). Sin embargo, no debe entenderse por ello que las actividades de protección y de asistencia en favor de las mujeres son una responsabilidad exclusiva del personal femenino. La Guía Práctica se propone ayudar en este aspecto.

Para que las mujeres afectadas por conflictos armados reciban una protección y una asistencia más adecuadas, es necesario comprender el derecho que les confiere protección. El derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario, el derecho de los refugiados y el derecho de los derechos humanos, abordan adecuadamente las necesidades de las mujeres en tiempo de guerra. El principio en que se basa esta Guía es que la situación de las mujeres puede ser menos difícil si se respeta el derecho internacional humanitario en relación con los combatientes y los no combatientes, sean hombres o mujeres. El desafío consiste en aplicar el derecho existente, velando por que se respeten sus normas. En la práctica, pueden tomarse numerosas medidas para que las mujeres realmente reciban la protección jurídica a que tienen derecho en situaciones de conflicto armado. Entre esas medidas se cuentan: dar a conocer mejor el derecho humanitario entre todas las partes en un conflicto armado, promover el respeto del derecho y velar por su aplicación, y hacer hincapié en la protección general y específica que el derecho humanitario confiere a las mujeres. Deben aprovecharse las actividades de comunicación y el diálogo con las partes en conflictos armados para llamar su atención sobre los problemas específicos de las mujeres e instarlas a actuar para prevenir y poner fin a las violaciones. Informar a los trabajadores humanitarios y a los responsables políticos sobre el régimen jurídico pertinente puede proporcionarles argumentos convincentes sobre la necesidad de proteger a las mujeres. Debe quedar claro que los Convenios de Ginebra, sus Protocolos adicionales y diversos instrumentos de derechos humanos establecen la obligación jurídica de respetar la integridad física y psicológica de las mujeres, así como su dignidad. El conocimiento del derecho puede servir para fortalecer esa protección, pues permite difundir el derecho y promover su aplicación.

Para mejorar la difusión de las normas de derecho humanitario relativas a las mujeres, es importante recalcar sistemáticamente la prohibición de todas las formas y amenazas de violencia contra la población civil, incluida la violencia sexual. Este aspecto debe incluirse en los códigos militares, los manuales de formación y las instrucciones impartidas a los portadores de armas. Es de vital importancia difundir el concepto de que todas las formas de violencia sexual están categóricamente prohibidas en todas las circunstancias, señalando claramente que quien se deshonra es el perpetrador de la agresión y no la víctima o su familia. Por otra parte, las publicaciones distribuidas entre los portadores de armas, incluidos los miembros de las fuerzas de imposición y de mantenimiento de la paz, deben presentar tanto a hombres como a mujeres en sus diferentes papeles. Por ejemplo, la yuxtaposición recurrente de hombres como combatientes y mujeres como beneficiarias de la ayuda o como víctimas, deja de lado el hecho de que los hombres a menudo son civiles y de que las mujeres pueden ser miembros activos de las fuerzas armadas o detenidas.

Dotándose de técnicas de investigación y elaboración de informes eficaces, las organizaciones humanitarias pueden fortalecer su capacidad de comprender las necesidades de las mujeres y hacer un seguimiento de las violaciones de sus derechos. Por ejemplo, es importante:

• saber quiénes son las víctimas de violencia sexual o, cuando esto sea imposible, hallar otras fuentes de información sobre esa violencia;
• establecer un lugar donde las víctimas puedan denunciar las violaciones, en condiciones de seguridad;
• dedicar un tiempo suficiente para entablar un diálogo sensible y significativo;
• mantener el carácter confidencial de las conversaciones a fin de proteger a las víctimas y garantizar el respeto de su intimidad;
• seguir de cerca la situación de las víctimas para saber si su situación ha mejorado y asegurarse de que no sean objeto de represalias;
• propiciar, entre las comunidades locales y la sociedad civil, el conocimiento del papel que desempeñan las organizaciones humanitarias;
• saber cuáles son las autoridades que pueden poner fin a las violaciones.

Lamentablemente, con frecuencia se niega a las organizaciones humanitarias el acceso a las zonas donde se cometen los peores abusos y las necesidades son urgentes. En la Guía Práctica, se recuerda a los actores humanitarios que las personas a las que tienen acceso representan sólo una parte del total de personas necesitadas, y que la situación de otras personas, en otras zonas, puede ser incluso peor. Todos los esfuerzos por mejorar la protección y la asistencia de las mujeres afectadas por conflictos armados deben tomar en consideración este aspecto, y quienes estén en condiciones de facilitar el acceso de las organizaciones humanitarias a las personas afectadas deben hacerlo.

En conclusión, la Guía Práctica ofrece respuestas prácticas a las necesidades de las mujeres. Los lectores interesados en un estudio teórico y exhaustivo sobre las disposiciones del derecho internacional que confieren protección a las mujeres en tiempo de conflicto armado pueden consultar, por ejemplo, Las mujeres ante la guerra. Al final de la Guía, se incluye una bibliografía con otras referencias.