A primera vista, un ex albañil afgano de 46 años, una estudiante camboyana de 16 años y un joven libanés de 11 años no parecen tener mucho en común. Sin embargo, los tres son víctimas inocentes de las minas terrestres o de otros restos explosivos de guerra. Los tres sufren a causa de heridas terribles, que los acompañarán el resto de sus vidas. Y los tres pagan el alto precio de conflictos en los que no han participado, y han resultado heridos años o incluso décadas después de terminadas las hostilidades.

La historia de estas tres víctimas —de diferentes partes del mundo— debería quedar grabada en la memoria de los representantes de los 155 Estados Partes en la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, también conocida como Convención de Ottawa, con ocasión de su décimo aniversario, que se celebra el 3 de diciembre.

Cada año, numerosas personas, en su mayoría civiles, mueren o resultan heridas de manera absurda a causa de las minas terrestres, las municiones de racimo u otros restos explosivos de guerra. En 2005-2006, esas armas mortales han causado nuevas víctimas en 58 países, en todo el mundo, según el Landmine Monitor. La escalada de la violencia en varios países ha provocado un aumento del número de víctimas, particularmente en Chad, Colombia, Pakistán, Myanmar y Sri Lanka.

Las víctimas que sobreviven suelen quedar discapacitadas de por vida y se suman a los centenares de miles de víctimas de las minas en todo el mundo que necesitan atención médica, reeducación y un apoyo social y económico a largo plazo.

Es posible terminar con esta situación deplorable, y es absolutamente necesario. La Convención de Ottawa, adoptada en 1997, fue un acontecimiento histórico; en efecto, es el primer acuerdo internacional que prohíbe categóricamente el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia y el empleo de un arma que ya se ha utilizado en forma generalizada. La Convención también ha sentado un precedente, ya que exige a las Partes que den asistencia para la atención y la readaptación de las víctimas.

No cabe duda de que los avances han sido impresionantes. De los 50 Estados que, en el pasado, producían minas antipersonal, 34 son hoy Partes en la Convención, y 145 Estados Partes no tienen reservas. Hasta ahora, los Estados Partes han destruido casi 42 millones de minas antipersonal. Hasta 2005, habían invertido 2,9 mil millones de dólares estadounidenses en la eliminación de las minas, la destrucción de las reservas, la asistencia a las víctimas y otras actividades vinculadas a la acción contra las minas.

Sin embargo, aún quedan importantes desafíos. 40 Estados aún deben ratificar la Convención. Y todos los que la han ratificado deben cumplir a largo plazo las promesas que han hecho a las víctimas de las minas antipersonal: deben continuar esforzándose por eliminar esas armas y asignar más recursos a los programas de atención médica y asistencia.

Por otro lado, las minas antipersonal no son sino una parte de un amplio programa. En los países asolados por la guerra en todo el mundo, millones de bombas, obuses, granadas, misiles, municiones de racimo sin estallar, y otros tipos de municiones sin estallar —que suelen denominarse "restos explosivos de guerra"— siguen matando y mutilando a civiles, mucho tiempo después de terminados los conflictos. El costo humano de los restos explosivos de guerra es cada vez más alto, debido, en particular, a la proliferación de las municiones de racimo. Esas armas pueden disparar, en muy poco tiempo y en amplias superficies, decenas de miles de pequeñas submuniciones, cuyos efectos son devastadores, cuando se las emplea en zonas habitadas. Es frecuente que una cantidad importante de submuniciones, que no suelen ser precisas ni fiables, llegue a tierra sin explotar. El empleo intensivo de las municiones de racimo durante la última guerra en Líbano y los más de doscientos muertos que han causado en la población civil, desde el término de los enfrentamientos, ponen en evidencia el inaceptable costo humano de esas armas.

En 2006, entró en vigor un nuevo acuerdo internacional, que refuerza los logros de los Estados en el marco de la Convención de Ottawa. Exige a las partes en conflicto que tomen medidas concretas para reducir los peligros que conllevan las municiones sin estallar que quedan abandonadas. El Protocolo sobre restos explosivos de guerra es una herramienta esencial en los esfuerzos por limitar el número de muertos y heridos en la población civil, y aliviar el sufrimiento que provoca la guerra. Hasta ahora, 35 Estados en todo el mundo han ratificado dicho Protocolo. Todos los Estados deberían ser alentados a hacerlo.

Si bien la finalidad del Protocolo sobre restos explosivos de guerra es disminuir la amenaza que representan para los civiles todas las formas de municiones sin estallar y abandonadas después de los conflictos, en particular las municiones de racimo, ese instrumento no contiene restricciones específicas aplicables al empleo de esas armas particulares y no dispone medidas para reducir su índice de fallas. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) considera, pues, que el problema específico de las municiones de racimo debe examinarse en el marco de un nuevo tratado internacional.

Ese tratado debe prohibir las municiones de racimo que no son precisas ni fiables, así como su exportación, y exigir su destrucción. Además, debería prever su eliminación, así como la asistencia a las víctimas de esas municiones. Hasta tanto se adopte el tratado, otros Estados deberían sumarse a Bélgica, Hungría, Noruega y Austria, y prohibir o suspender el empleo de las municiones de racimo a nivel nacional.

Mientras continúan los esfuerzos en el plano jurídico, no deben olvidarse las necesidades de las víctimas. El CICR, por su parte, asiste a las víctimas de las minas antipersonal y otros restos explosivos de guerra sin estallar, en todo el mundo. Para ello, da apoyo a los servicios hospitalarios y de urgencia, realiza actividades de reeducación física y de prevención, y facilita el acceso de las víctimas, en condiciones de seguridad, a los alimentos, al agua potable y a otros bienes indispensables.

El décimo aniversario de la Convención de Ottawa es una oportunidad para hacer un balance e incluso celebrar los logros alcanzados en los últimos diez años en pos de la erradicación de las minas antipersonal. Sin embargo, también debe recordarse a los Estados la necesidad de examinar seriamente la herencia letal de todas las armas que siguen matando una vez terminados los conflictos y de tomar medidas concretas para terminar con ese legado.