El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) encomió el plan, calificándolo de importante paso adelante, pero puso de relieve la ingente labor que se ha de efectuar.

En su alocución a la Cumbre, la vicepresidenta del CICR, señora Christine Beerli, dijo que "pese a 10 años de aplicación, aún no se han realizado las esperanzas que albergaba la mayoría de los supervivientes de las minas respecto de la Convención". La señora Beerli acogió con satisfacción los firmes compromisos para con las víctimas contraídos en el Plan de Acción de Cartagena, pero advirtió que "la tarea más ardua es aún lograr que las promesas se traduzcan en hechos tangibles que redunden en beneficio de las víctimas". De conformidad con el Plan, los Estados se comprometen a ampliar los servicios sociales y de atención de salud en favor de las víctimas, así como a promover el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas, a fin de que participen plenamente en la sociedad.

En el Plan, se exhorta a que todos los Estados Partes que aún no hayan destruido las reservas de minas antipersonal lo hagan sin dilación. Asimismo, se pide a los Estados que todavía no hayan realizado la limpieza de los terrenos minados que agilicen la devolución de terrenos seguros a las comunidades afectadas. Cuatro Estados, a saber, Albania, Grecia, Ruanda y Zambia, anunciaron que habían cumplido con sus obligaciones relativas a la remoción de minas en todas las zonas minadas.

El CICR dijo que, gracias a la perseverancia de los Estados para lograr la cabal aplicación y la observancia universal de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, es viable el objetivo de un mundo libre de minas antipersonal.

El CICR presta asistencia a miles de víctimas de las minas, mediante la producción y colocación de prótesis y órtesis, así como mediante el apoyo a los centros de rehabilitación física en unos 25 países. En una encuesta de opinión, que se realizó por encargo del CICR, en ocho países afectados por la guerra, a comienzos de este año, se evidencia que el 93% de los encuestados rechaza la práctica de sembrar minas terrestres en zonas por donde transitan los civiles.