"Atacar a civiles es negar totalmente el derecho humanitario", dijo el jefe de Actividades Operacionales del CICR para Asia Meridional, Jacques de Maio. Y añadió que "La única finalidad imaginable de esa clase de ataques es aterrorizar a la población. Viola los principios fundamentales del derecho internacional humanitario".

Según las disposiciones del derecho internacional humanitario, las personas que no participan directamente en las hostilidades deben ser protegidas en todo momento. En ninguna circunstancia, deben ser objeto de ataques. Además, se tomarán todas las precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y heridos entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, que pudieran causarse incidentalmente. Por último, para velar por que los civiles afectados por los combates puedan acceder a la asistencia humanitaria, la atención de salud y la satisfacción de otras necesidades básicas, debe autorizarse y facilitarse el paso rápido y sin trabas de los envíos de socorros y del personal humanitario.

La violencia armada en las áreas tribales bajo administración federal y en la provincia de la Frontera del Noroeste ha matado a miles de civiles, herido a muchos más y obligado a desplazarse a millones de personas. Han sido destruidas importantes infraestructuras civiles, como colegios, estaciones de bombeo de agua y centrales eléctricas, así como innumerables viviendas. Se ha acabado con los medios de subsistencia de cientos de miles de personas ya que los agricultores no han podido cultivar sus tierras ni cosechar el grano, y muchas personas han agotado sus ahorros. Las minas terrestres, los artefactos explosivos improvisados y las municiones sin estallar suponen una amenaza permanente para los civiles en algunas partes de la región.

En un entorno a menudo muy peligroso, el CICR, en colaboración con la Media Luna Roja de Pakistán, ha distribuido ayuda a más de un millón de personas afectadas por los combates en las áreas tribales bajo administración federal y en la provincia de la Frontera del Noroeste desde mayo de 2009. El CICR pide un mayor acceso a las zonas afectadas directamente por los enfrentamientos, a los lugares a los que han huido los civiles y a los centros de detención donde haya personas detenidas por motivos relacionados con la violencia.