En el período de sesiones de la Conferencia de Examen de la Convención de 1980 de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales (CEAC), celebrado recientemente en Viena, se ha aprobado un nuevo instrumento de derecho humanitario que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acoge con satisfacción. Este convenio, jurídicamente vinculante, prohíbe el uso intencional de armas láser para enceguecer a soldados o civiles. Es sólo la segunda vez en la historia en que se prohíbe un método de guerra particularmente cruel antes de que se haya usado. Sin embargo, la Conferencia de Examen, que se suspendió el 13 de octubre después de tres semanas de negociaciones, no pudo llevar a cabo su principal objetivo de negociar nuevas restricciones en el uso de minas terrestres, que actualmente matan y mutilan a unas 2.000 personas por mes.
El CICR lamenta profundamente que no se alcanzara ningún acuerdo sobre nuevas medidas para prohibir o limitar estrictamente el empleo, la producción y la transferencia de minas terrestres antipersonal. La Conferencia, cuya preparación duró casi dos anos, se ha considerado una oportunidad única para afrontar los graves problemas humanitarios que plantean las minas terrestres. Este desafortunado resultado puede achacarse tanto a la índole excesivamente técnica de muchas de las propuestas examinadas como a la falta de voluntad de muchos Estados para limitar de manera significativa el uso de las minas terrestres, de modo que la Conferencia pudiera alcanzar así sus objetivos humanitarios.

El CICR insta a los Gobiernos y al público en general a que, en las nuevas reuniones de la Conferencia de Examen, que se celebrarán en Ginebra del 15 al 19 de enero y del 22 de abril al 3 de mayo de 1996, las consideraciones humanitarias se sitúen en el centro de las negociaciones. Asimismo, el CICR pide que se realicen mayores esfuerzos, a nivel tanto nacional como zonal, para asumir las responsabilidades humanitarias, aunque, en un futuro próximo, no se logre un acuerdo internacional sobre medidas de gran alcance.

1. Minas terrestres: progresos y nuevos obstáculos en Viena

Aunque la reunión de Viena de la Conferencia de Examen se suspendió en un punto muerto sobre una serie de cuestiones técnicas importantes, se alcanzó, en principio, un acuerdo sustancial sobre nuevas medidas, que el CICR considera importantes avances. Tales son, entre otras medidas:

• la ampliación del ámbito de las restricciones de la CEAC relativas a las minas terrestres, para que cubra los conflictos armados tanto internos como internacionales;
• la atribución de la responsabilidad de retirar las minas terrestres a quienes las colocan;
• el aumento de las obligaciones de los combatientes para proteger a los agentes humanitarios, incluido el personal del CICR y de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, contra las minas terrestres, para que puedan así ayudar a los necesitados;
• la exigencia de registrar todos los campos minados, y no sólo algunos tipos; y
• la prohibición del uso de dispositivos que hagan explosionar las minas, cuando se les aproxime un detector electromagnético, como los que utilizan los equipos de remoción.

Sin embargo, no se llegó a un acuerdo sobre las restricciones clave establecidas en los dos últimos años por el Grupo de Expertos Gubernamentales encargado de preparar la Conferencia de Examen. Estas restricciones incluían los requisitos siguientes:

• todas las minas antipersonal han de ser detectables;
• las minas lanzadas a distancia tienen que estar provistas de un mecanismo de autodestrucción; y
• todas las minas antipersonal colocadas a mano o mecánicamente en lugares que no sean campos minados señalados, vigilados y cercados han de estar provistas de un mecanismo de autodestrucción.

El punto muerto al que se llegó en Viena se debió en parte a que algunos Gobiernos abogaron por medidas mucho menos restrictivas que las que parecían estar dispuestos a aceptar en reuniones anteriores del Grupo de Expertos Gubernamentales. Aunque la mayor parte de los países aprobaron, en principio, los requisitos mencionados y, en muchos casos, propugnaron restricciones más severas, incluida la prohibición total, las disputas que desembocaron en el punto muerto se centraron en aspectos técnicos, tales como:

• si las minas autoneutralizantes que permanecen enterradas indefinidamente y que las personas civiles y los equipos de remoción han de tratar como si estuvieran activas podrían remplazarse por minas autodestructivas;
• si las minas autodestructivas deben permanecer activas solamente 30 días o si podrían mantenerse activas todo un año incluso;
• si el porcentaje máximo de fallos permisible de las minas con mecanismo de autodestrucción debe ser bajo, del orden del 1 por 1.000 (0,1%), o alto, como el 100 por 1.000 (10%);
• si debería especificarse un contenido mínimo de metal, de 8 gramos por ejemplo, para que las minas puedan ser detectadas en las condiciones reales que se dan tras un conflicto; y
• si estos requisitos técnicos mencionados a) deberían aplicarse inmediatamente a todas las nuevas minas que se empleen, b) deberían beneficiarse de un período de gracia de hasta 15 años o c) deberían aplicarse "lo antes posible".

La mayor parte de los desacuerdos de carácter técnico precitados refleja la incapacidad o la falta de voluntad de ciertos países para modificar el tipo de minas que producen o utilizan, a fin de alcanzar los objetivos humanitarios de la Conferencia de Examen. Por otra parte, los Estados que desarrollan nuevas tecnologías en la fabricación de minas se mostraron reacios a estudiar medidas más amplias y sencillas.

El CICR lamenta que se bloquearan las propuestas por las cuales se habría exigido que las minas contracarro sean detectables y se habría prohibido el uso de minas con dispositivo antimanipulación, que las hace explosionar cuando los equipos de remoción intentan retirarías. También lamenta que no se acordaran disposiciones de verificación.

2. Minas terrestres: ¿qué podemos hacer ahora?

El CICR sigue convencido de que el único medio eficaz para poner fin a la plaga de las minas terrestres antipersonal es prohibir totalmente su producción, transferencia y uso. Las dificultades con que tropezaron las negociaciones en Viena demuestran, como temía el CICR, que las complejas y onerosas medidas técnicas propuestas no resolverán el grave problema de las minas terrestres. Dado que muchos Estados son incapaces o remisos para introducir los cambios técnicos sugeridos y que la promoción de las minas autodestructivas podría dar lugar a un aumento generalizado del empleo de minas, convendría estudiar ahora medidas más sencillas y amplias. No sólo serían mucho más eficaces, sino que, con toda probabilidad, la verificación de estas medidas resultaría más fácil que el complejo sistema debatido en Viena.

Además de proseguir sus esfuerzos para lograr un mayor apoyo a la idea de una prohibición global de las minas terrestres antipersonal, que ya respaldan 168 Estados, el secretario general de la ONU, los jefes de muchos organismos de las Naciones Unidas, el Consejo de Ministros de la Organización para la Unidad Africana, el Parlamento Europeo y el Papa Juan Pablo II; el CICR promoverá activamente dos nuevas iniciativas:

• la prohibición de toda transferencia de minas antipersonal de conformidad con la Convención de 1980; y
• la aplicación de medidas nacionales y zonales, puesto que erradicar las minas terrestres no depende únicamente del éxito de las negociaciones internacionales. Los Estados tienen la responsabilidad moral y política de poner fin a esta plaga, sea tomando medidas unilaterales en su propio territorio, sea en cooperación con otros países de la misma zona del mundo. La prohibición de la producción, de la transferencia y del uso de minas antipersonal, así como el compromiso de retirar y destruir las minas sembradas y almacenadas, sería un importante paso para proteger a la población y al territorio propios de los devastadores efectos del empleo de minas. En situaciones postconflictivas, tales medidas reforzarían la posición de un país con miras a obtener ayuda de la comunidad internacional para retirar las minas. Su adopción contribuiría también mucho a eliminar las minas antipersonal en todo el mundo.

El 22 de noviembre de 1995, el CICR lanzó, por primera vez en su historia, una campaña mediática internacional destinada a movilizar a la opinión pública y a estigmatizar las minas antipersonal. La campaña se servirá de anuncios televisivos, radiofónicos e impresos gratuitos para sensibilizar más a la opinión pública sobre el coste humano que representan las minas terrestres y acelerar el proceso de cambio. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se encargarán de llevar a cabo esta campaña a lo largo de 1996.

A nivel nacional, el CICR insta a los Estados a que comiencen a aplicar inmediata y unilateralmente las medidas destinadas a proteger a la población civil que preconizaron en la Conferencia de Examen. Además, se requerirá una mayor presión de la opinión pública para lograr:

• el mantenimiento y la potenciación de las moratorias existentes sobre la transferencia internacional de minas antipersonal (o sea, sustitución de las moratorias parciales o temporales por medidas generales y permanentes);
• la adhesión da los Estados que no lo hayan hecho todavía a la Convención de 1980 y a sus cuatro Protocolos; y
• la participación activa en las reuniones de la Conferencia de Examen de 1996 y la promoción en ellas de las medidas más restrictivas posibles, incluida la prohibición total de las minas antipersonal.

El punto muerto al que se llegó en Viena demuestra que muchos líderes políticos no se han percatado todavía de la magnitud de los problemas que plantean las minas terrestres. Como tampoco se han dado cuenta de que los costes humanos, sociales y económicos superan con creces la limitada utilidad militar de las minas. Hay que instar a los Estados a que participen en las futuras reuniones de la Conferencia de Examen, a que den absoluta prioridad a las preocupaciones humanitarias en las negociaciones y a que incluyan en sus delegaciones a expertos en cuestiones humanitarias. Estas reuniones sólo tendrán éxito silos Estados anteponen el interés general de la humanidad a sus estrechos intereses nacionales.

3. El éxito histórico de Viena: las armas láser que causan ceguera

La aprobación en Viena de un cuarto Protocolo nuevo que prohíbe el uso de las armas láser para causar ceguera es un progreso decisivo en el derecho internacional humanitario. La prohibición, por adelantado, de esta nueva y abominable arma, cuyas producción y proliferación parecen ser inminentes, es un hito histórico para la humanidad. Es la primera vez desde 1968, cuando se proscribió el uso de balas explosivas, que se prohíbe un arma de interés militar antes de que se utilice en el campo de batalla y de que innumerables víctimas sean la prueba tangible de sus trágicos efectos.

El nuevo Protocolo prohíbe tanto el uso como la transferencia de armas láser especialmente diseñadas para causar ceguera permanente como una de sus funciones de combate. También se exige en él que los Estados tomen todas las precauciones factibles, incluido el adiestramiento de sus fuerzas armadas, para no causar ceguera permanente cuando se usen lícitamente otros sistemas láser. Es la primera vez que se prohíbe totalmente, en el derecho internacional humanitario, tanto el uso como la transferencia de un arma.

El CICR prosiguió los esfuerzos que habían iniciado Suecia y Suiza en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 1986 para conseguir que se aprobara este Protocolo y convocó, entre 1989 y 1991, cuatro reuniones internacionales de expertos para estudiar esta cuestión. los resultados de estas reuniones se publicaron en un informe titulado Armas que causan ceguera, documento primordial de referencia sobre el tema. En los últimos años se ha ocupado de esta cuestión un número creciente de organizaciones no gubernamentales, como diversas asociaciones de invidentes y de veteranos de guerra.

Aunque el ámbito de aplicación del nuevo Protocolo sólo comprende actualmente los conflictos internacionales, la opinión general en Viena fue que debería también aplicarse a conflictos no internacionales. Se consideró que las futuras disposiciones que extiendan el ámbito de aplicación de este Protocolo a los conflictos internos deberían tener el mismo contenido que el aprobado para el Protocolo sobre las minas terrestres.

El CICR insiste en la necesidad de que se hagan grandes esfuerzos a nivel nacional para lograr que el nuevo Protocolo sea ampliamente aceptado por los Estados y efectivamente aplicado. Se exhorta, en particular, a los Estados a que:

• se declaren lo antes posible obligados por el Protocolo;
• tomen medidas nacionales para impedir la producción, la transferencia, el uso y la proliferación de armas láser que causen ceguera.

Aunque sea decepcionante el punto muerto en que se encuentra la cuestión de las minas terrestres, es buena señal el hecho de que los Estados no quisieran disimular sus importantes diferencias ni aprobar medidas ineficaces o de poco alcance. Esto es una buena señal y denota tanto que la opinión pública ejerce una fuerte presión sobre la Conferencia de Examen para que se obtengan resultados significativos, como que muchos Gobiernos se han comprometido a emprender acciones decisivas. Se ha roto también el consenso en considerar a las minas terrestres armas de guerra como las demás, lo que constituye de por sí un paso hacia su estigmatización.

La comunidad internacional no es impotente frente a la plaga de las minas terrestres. Lo mismo que cuando ha intentado proscribir el apartheid, las armas químicas y biológicas, así para las armas láser que causan ceguera, puede conseguirlo y lo conseguirá. Estos esfuerzos han durado años e incluso décadas; pero, persistiendo en esta lucha, las personas y los Gobiernos no sólo defienden los principios fundamentales de la civilización, sino que afirman también su humanidad común.