El objetivo principal de este trabajo es estudiar la aplicabilidad de las normas del Derecho internacional Humanitario a las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz.

El Derecho Internacional Humanitario tiene como finalidad principal aliviar los sufrimientos causados por las hostilidades, como así también limitar los medios y los métodos para hacer la guerra.

Este cuerpo normativo jurídico, consuetudinario y convencional, no tiene el mandato de resolver las cuestiones complejas relativas a la prevención de los conflictos o el restablecimiento de la paz. Esto último es tarea principal de la Organización de las Naciones Unidas.

El propósito principal perseguido por la Comunidad Internacional al crear la Organización fue justamente el de mantener la Paz y la seguridad Internacionales.

La responsabilidad primordial en ésta materia corresponde al Consejo de Seguridad. Este órgano de la ONU es el que tiene la facultad de tomar medidas eficaces: desde la solución pacífica de las controversia hasta medidas coercitivas que requieran el uso de la fuerza armada.

El concepto de mantenimiento de la paz fue desarrollado por las Naciones Unidas como un mecanismo práctico tendiente a contener y controlar controversias.

Tradicionalmente, el mantenimiento de la paz se realizó mediante fuerzas militares ligeras de composición internacional que ocupaban zonas de interposición entre dos beligerantes o bien se constituían en observadores.

El no empleo de la fuerza constituyo una de las características esenciales de las operaciones para el mantenimiento de la Paz, aunque los “Cascos Azules” podían, y pueden, usar las armas en ejercicio de la defensa propia. Podemos afirmar que estas fuerzas están integradas por verdaderos “soldados de la Paz” dado que ellos no hacen la guerra.

Como anticipáramos, pueden hacer uso de las armas en caso de defensa propia; cualquiera que esté en esa situación, debe conocer los principios del Derecho Internacional Humanitario. Por ejemplo, el respeto a los heridos, enfermos y personal militar que ya no combate, o quienes se rinden después del ataque, o el respeto a la vida, la salud y la dignidad de los civiles que se vean involucrados en los combates, o el respeto a los agentes sanitarios, religiosos en campaña y su material, e inclusive el respeto al emblema protector.

Sin embargo, las operaciones para el mantenimiento de la paz posteriores al fin de la Guerra fría en muchos casos resultaron ser infinitamente más complejas y peligrosas que las anteriores.

En hechos recientes, los medios gráficos y televisivos, nos brindaron imágenes de soldados con cascos de las Naciones Unidas, que participaban abiertamente en intercambios de fuego.

¿Son éstas las clásicas operaciones a las que nos referíamos más arriba y a las que la ONU nos tuvo habituados antes del fin de la Guerra fría? Obviamente que no.

La diferencia radica en los mandatos que el Consejo de Seguridad dispuso para cada Operación.

Adelantamos desde ahora que a nuestro juicio las operaciones cuyo mandato autoriza el uso de la fuerza, tanto para defender el mandato como para imponer la paz o la asistencia humanitaria, son de una naturaleza jurídica diferente a las tradicionales Operaciones para el mantenimiento de la paz.

En los últimos años algunas operaciones dispuestas por el Consejo de Seguridad fueron autorizadas en el marco del Capítulo VII de la Carta de la Organización , a hacer uso de la fuerza para asegurar el mandato encomendado por ésta.

Así sucedió que algunos de estos contingentes aportados por los Estados para integrar la operación, tuvieran que abrir fuego tomando parte en el conflicto armado e inclusive en ocasiones hacerlo en campos donde actuaban algunas organizaciones humanitarias.

Una de las razones de la creciente complejidad de estas nuevas operaciones es que, para asegurar cierta paz y orden, generalmente muy frágiles, deben trabajar en zonas donde es necesario desterrar las causas profundas del conflicto en cuestión. Por ello las fuerzas están en continuo contacto con un número de organizaciones internacionales involucradas a ese respecto, que antes no era lo habitual.

Entre algunos de los problemas que se plantean, nos encontramos con el de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas, la relación entre dichas fuerzas armadas y la acción humanitaria, y la difusión de las normas del DIH por parte de ellas.

El presente trabajo se va a ocupar exclusivamente de las tradicionales fuerzas de paz y su relación con el Derecho Internacional Humanitario. Haremos algunas breves referencias a las operaciones que pueden utilizar la fuerza más allá de la defensa propia, e inclusive nos referiremos a la fuerza de pronto despacho creadas recientemente en el marco de la ONU (SHIRBRIG).

Hemos tomado como base nuestro trabajo “Las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, una aproximación desde el Derecho Internacional “ publicado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) en 1997.

A fin de una mejor comprensión del tema , comenzaremos por comentar la naturaleza y alcance jurídico de las Operaciones para el mantenimiento de la Paz e intentaremos formular una clasificación.

Luego explicaremos brevemente de qué se trata el Derecho internacional Humanitario y la relación de este cuerpo normativo con la Organización de las Naciones Unidas. A continuación, abordaremos las posibilidades de la aplicabilidad de las normas del DIH a las operaciones de paz de la ONU y por último la posición del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la relación entre las operaciones de Paz y el DIH.

Nos referiremos brevemente a continuación a algunas de las operaciones [5], indicando a su vez si se trata de observadores o de las así llamadas fuerzas de mantenimiento de la paz, que a nuestro criterio podrían ser denominadas simplemente "fuerzas para la paz", debido a la variedad de objetivos que surgen de los diversos mandatos, los que van casi siempre más allá de un mero mantener la paz.

En la primera generación incluimos a las operaciones "tradicionales", con una composición y funciones esencialmente militares, destinadas a asegurar la paz en el que ha sido frente de lucha, para mantener las condiciones que permitan a los negociadores llegar a un ajuste o a un arreglo de la controversia. En esta generación incluimos a tres misiones de observación: ONUVT (Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Palestina), UNMOGIP (Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán), UNOMIG (Misión de Observación de las Naciones Unidas en Georgia) y UNASOG (Grupo de Observación de las Naciones Unidas para la franja de Aouzou).

En el caso de fuerzas de paz, se podrían considerar en esta generación a UNFICYP (Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre), FNUOS (Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación en el Golán Sirio) y FPNUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano).

Las operaciones de mantenimiento de la paz fueron concebidas para resguardar lo que a través de los últimos siglos ha sido principal objeto de la seguridad internacional: preservar la integridad territorial y la soberanía de los Estados. Sin embargo las nuevas realidades que plantea la vida internacional no han dejado de impactar sobre la cuestión del mantenimiento de la paz y la seguridad entre los Estados. Al extenderse el concepto de que el Estado no es un fin en sí mismo sino un garante y promotor de los derechos de la persona humana, la comunidad internacional ha entendido que los atentados contra la paz y la seguridad mundiales también tienen su origen en la no observancia de esos derechos. No se ha pretendido eliminar la noción de soberanía estatal, pero ya no se la considera absoluta y hermética.

Esto ha permitido el nacimiento de lo que llamaremos segunda generación de las operaciones de paz. Las mismas tienden a dar respuesta a necesidades como el fortalecimiento de las instituciones, el fomento de la participación política, la protección de los derechos de las minorías, la organización de elecciones, la promoción del desarrollo económico y social, la atención de la población en casos de desastres naturales, la prestación de asistencia humanitaria, etc. No debe pensarse que estos fines eliminan el componente militar; por lo general el mismo es prioritario, pues se precisa alcanzar un mínimo de paz y orden para luego poner en práctica las otras actividades.

Dentro de esta generación podemos situar tres misiones de observación: UNAVEM II (Misión II de Verificación de las Naciones Unidas en Angola), ONUSAL (Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador) y UNOMIL (Misión de Observación de las Naciones Unidas en Liberia) que aunque tiene un componente militar y funciones típicas de las de primera generación, también incorpora elementos civiles para asistencia política, humanitaria y electoral.

Las fuerzas de paz que podrían incluirse en esta segunda generación serían MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental) -aunque por dificultades planteadas entre las partes en conflicto su restringido despliegue actual se limita a comprobar la cesación del fuego y de las hostilidades-, ONUMOZ (Operación de las Naciones Unidas en Mozambique) y también el fin originario de la UNAMIR (Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda) hacía posible incluirla en esta generación. Acerca de esta última misión, los trágicos hechos posteriores nos eximen de otros comentarios. También la UNMIH (Misión de las Naciones Unidas para Haití) constituida por la Resolución 867 (1993) apuntaba a fines humanitarios que debían culminar con la construcción de un estado de derecho en ese país.

Son sobre todo las dificultades encontradas para la puesta en práctica de la ejecución de estas operaciones de segunda generación, las que han hecho nacer otro tipo de operaciones que, aunque han mantenido el nombre de operaciones de paz, son, a nuestro criterio, de una naturaleza jurídica distinta. Estas fuerzas no se diferencian de las de primera y segunda generación por el objeto y fines que persiguen -antes bien, hasta ahora han nacido como una de ellas y con fines similares- sino por la posibilidad de utilizar la coacción armada para hacer respetar su mandato o efectivizar los fines que persiguen. Por este hecho opinamos que estas operaciones son esencialmente diferentes de las denominadas de primera y segunda generación. A nuestro entender estarían reguladas directamente por el capítulo VII de la Carta. Hablar de ellas como una tercera generación tiene sentido desde un punto de vista de desarrollo histórico, pero no significa una continuidad con las tradicionales operaciones de paz en cuanto a su naturaleza jurídica.

Así en el caso de UNIKOM (Misión de Observación de las Naciones Unidas para el Irak y Kuwait), el CS decidió en la Resolución 806 (1993) ampliar su mandato para que incluyera la capacidad de adoptar medidas físicas para evitar las violaciones de la zona desmilitarizada y de la frontera demarcada entre ambos Estados. La Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en los territorios de la ex Yugoslavia (UNPROFOR) fue recibiendo sucesivas ampliaciones de su mandato, hasta llegar a la resolución 836 ya citada, que le permite el uso de la fuerza necesaria para la protección de los convoyes de asistencia humanitaria, la vigilancia de las zonas de seguridad y el cumplimiento de la prohibición de sobrevuelo. Igualmente ONUSOM II (Operación de las Naciones Unidas en Somalia II) fue autorizada en la Resolución 837 (1993) a utilizar "todos los medios necesarios" con el objeto de establecer un ambiente seguro para las operaciones de socorro humanitario en ese país africano.

Finalmente, quizá estemos asistiendo al nacimiento de una cuarta generación de operaciones de paz. Se trata en este caso de las destinadas a prevenir quebrantamientos de la paz. Reflejos de este tipo de operaciones se han apreciado en la ex Yugoslavia y en Rwanda. En la primera, parte de los elementos de UNPROFOR fueron desplegados en la ex-República Yugoslava de Macedonia, a requerimiento de sus autoridades, para vigilarla y comunicar todo acontecimiento que se produjera en las zonas fronterizas y que pudiera socavar la confianza y la estabilidad en esa República y amenazar su territorio. Por otro lado, la resolución 846 (1993) que constituyó la Misión de Observación de las Naciones Unidas para Uganda y Rwanda (UNOMUR) intentó mediante esa operación -y a pedido de los gobiernos de ambos Estados- que la verificación tendiente a impedir el tráfico de elementos bélicos en la frontera, sirviera para prevenir e impedir el agravamiento del conflicto interno rwandés. Los acontecimientos que después se sucedieron en el interior de Rwanda, hicieron que esta operación, aunque eficaz en su área de acción, perdiera su razón de ser aún antes de que venciera su mandato, otorgado hasta el 21 de septiembre de 1994. Ambas operaciones pueden considerarse como uno de los medios para la diplomacia preventiva, contemplados por Bouthros Ghali en su informe " Un Programa de Paz". La Resolución 50/30 de la AG acentúa la gran importancia que tiene la prevención de conflictos -en parte porque de esa manera se pueden evitar nuevas operaciones de mantenimiento de la paz- mediante la diplomacia preventiva y los despliegues preventivos [6].

Entendemos que calificar de combatientes a los miembros de operaciones de mantenimiento de la paz podría ser negativo para el cumplimiento del mandato. Entre otras consecuencias, se podría considerar que han tomado partido por alguna de las partes en el conflicto, podrían ser calificados como prisioneros de guerra, complicaría el desarrollo administrativo de la misma operación, etc. Nos parece que, además, el art. 43 del Protocolo I permite una lectura que apoya esta postura. Allí se definen a las Fuerzas Armadas de un modo amplio -definición que mereció una reserva por parte de la República Argentina- y luego se expresa que "los miembros de las fuerzas armadas de una parte en conflicto... son combatientes, es decir, tienen derecho a participar directamente en las hostilidades". En consecuencia para ser combatiente hace falta:

• integrar unas fuerzas armadas; los miembros de operaciones de paz cumplen esta condición pues en su gran mayoría pertenecen a fuerzas armadas;
• esas fuerzas armadas deben ser parte en el conflicto, condición ésta que no se cumple en el caso del personal de una operación de mantenimiento de la paz;
• tener derecho a participar directamente en las hostilidades; es innegable que el personal de una operación de paz no tiene esta facultad. Sólo podrá ejercitar un acto de fuerza en defensa propia que, obviamente, no es un modo directo de participación en las hostilidades.

Debido a su particular situación, el personal de la operación de mantenimiento de la paz recibirá una protección acorde a sus circunstancias: no le son aplicables las normas relativas a los "prisioneros de guerra" o a las sanciones penales, pero sí se refieren a ese personal las determinaciones sobre métodos y medios de combate, categorías de personas protegidas y respeto de los signos distintivos [17].

Finalmente se plantea el interrogante respecto a si, en presencia de una violación a normas del DIH ejecutadas por las partes en conflicto, las fuerzas de paz deben intervenir para imponer su cumplimiento. Opinamos que los contingentes de las operaciones de paz tradicionales (primera y segunda generación) no pueden recurrir al uso de la fuerza a menos que sea en legítima defensa; en consecuencia tampoco están habilitadas para hacer cumplir coercitivamente las normas del DIH. Pueden, y deben, recurrir al convencimiento, a la persuasión, pero no a la coerción. En cambio, las operaciones de tercera generación deberían tener como uno de sus objetivos primordiales obligar a los contendientes al respeto de las prescripciones humanitarias, por aquello de que más que un "derecho" de injerencia existe un "deber" de intervenir ante casos límites, si así lo contempla la Resolución del CS que las decide o autoriza.

Las obligaciones de la ONU y de los Estados

La ONU, al no ser un Estado y al carecer de poder judicial y administrativo necesario para cumplir las obligaciones previstas en los Convenios y Protocolos en estos aspectos, estará obligada por sus disposiciones mutatis mutandi, teniendo en cuenta el estatuto jurídico, la índole y el propósito de las operaciones de paz. Al carecer la Organización de jurisdicción penal con respecto a los miembros de las fuerzas, las eventuales sanciones por violaciones del DIH corresponden a los Estados que suministran contingentes [18]. Cabe recordar también que, si bien el DIH establece que se sancione a aquellos que violan sus disposiciones, no propone, empero, un mecanismo propio en materia de jurisdicción penal.

Si partimos del supuesto de que las operaciones de paz de la ONU se conforman con fuerzas armadas aportadas por los Estados Miembros de la Organización -mayoritariamente signatarios de los convenios relativos al DIH- se puede inferir que sus componentes recibieron instrucción para la observancia de las normas del DIH, como parte del compromiso que sus Estados contrajeron al ratificarlos.

Así las cosas, el militar que compone una fuerza de mantenimiento de la paz llega a ésta habiendo sido entrenado por su país de origen, tanto en el arte de la guerra como en el respeto a las normas humanitarias que la regulan. Una vez incorporado a la operación, su capacidad de respuesta bélica se reduce a la legítima defensa. Ello no implica que en caso de que haga uso de la legítima defensa, tenga que dejar de lado la formación recibida para cumplir con efectividad y legitimidad su misión, estando incluida en dicha formación el respeto a las normas del ordenamiento humanitario.

Como lo sostuviéramos antes, entendemos que los principios del DIH son normas de ius cogens referidas a la persona humana -respeto de la vida de las personas fuera de combate, protección de quienes no participan directamente en las hostilidades, asistencia a heridos y enfermos, seguridades para el personal sanitario, mantenimiento de las garantías judiciales fundamentales- y, en consecuencia, obligatorias para cualquier sujeto de derecho internacional.

La ONU, previendo reforzar la aplicabilidad del DIH a las operaciones de mantenimiento de la paz y potenciar el procedimiento de aplicación por parte de los Estados que proporcionan contingentes, ha incluido en el Reglamento de varias Fuerzas de Paz una cláusula donde se establece que el contingente observará los principios y el espíritu de los Convenios internacionales generales aplicables a la conducta del personal militar [19].

La obligación primaria e indelegable de la instrucción y aplicación del DIH cabe a los Estados que proveen los contingentes. En ese sentido, dada la responsabilidad final de los Estados, se incluye una cláusula estándar en el modelo de acuerdo entre las Naciones Unidas y Estados Miembros que aportan personal y equipo a operaciones de la ONU de mantenimiento de la paz, en la que se establecen las obligaciones de las tropas y del respectivo gobierno participante [20]. O sea que los Estados asumen una obligación convencional directa con la ONU e indirecta con el Estado en cuyo territorio vayan a actuar sus fuerzas que integran una operación de paz.

En 1992, a solicitud del CICR, la ONU acordó incluir una disposición similar en el Acuerdo sobre el Estatuto de las fuerzas, que se concierta entre la ONU y el Estado en cuyo territorio se despliega la operación. De acuerdo con esa disposición, la ONU se compromete a que las actividades de la fuerza en cuestión tengan lugar respetándose plenamente los principios y el espíritu de los convenios internacionales generales aplicables a la conducta del personal militar. El Estado en cuyo territorio se despliegue la operación asume la obligación correlativa de tratar a las fuerzas de la ONU respetando plenamente los principios y el espíritu de los instrumentos internacionales generales aplicables al trato debido al personal militar. Desde entonces, ésta cláusula se ha introducido en el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Haití sobre el estatuto de la Misión de las Naciones Unidas en Haití, celebrado el 9 de octubre de 1993, y en el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de la República de Rwanda sobre el Estatuto de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda, celebrado el 5 de noviembre de 1993 [21].

Más recientemente la AG ha pedido al SG que elabore un código de conducta para el personal de las operaciones, en consonancia con el DIH aplicable [22]. Es de esperar que de este pedido resulten unas normas codificadas específicas, que determinen las obligaciones del personal de las operaciones sin dar lugar a indeseables márgenes de discrecionalidad, tras los cuales pueden excusarse los protagonistas cuando las referencias son el derecho consuetudinario o normas de ius cogens.

Algunas situaciones concretas en torno al ius in bello

El equilibrio entre los fines militares y una conducta humanitaria a nivel de fuerzas armadas nacionales, se logra de varias maneras. No es objeto de este trabajo profundizar en ello, pero permítasenos traer a colación algunos supuestos comparativos entre los ejércitos regulares y a las fuerzas de paz de la ONU.

En los conflictos bélicos algunas acciones no tienen ningún valor militar y, por consiguiente quedan prohibidas por el DIH, como sucede con los actos sádicos de crueldad, saqueos y otros desmanes. Este tipo de acciones también quedan vedadas a los integrantes de cualquier operación de paz.

Otros actos pueden tener algún valor militar, pero se ha aceptado que prevalecen las consideraciones humanitarias. Por eso se ha prohibido el uso de venenos y gases tóxicos, elementos que por lo demás no están incluidos en el pequeño arsenal liviano con que están equipados los "Cascos Azules".

En tercer lugar, hay algunas disposiciones del DIH que son sumamente delicadas porque para determinadas acciones los ejércitos regulares deben considerar tanto las necesidades militares como las humanitarias: por ejemplo la norma de proporcionalidad en los ataques, en la que se acepta que los civiles pueden sufrir daños incidentales. Es muy poco probable la necesidad de aplicación de estas normas en las operaciones de paz, puesto que el armamento liviano para la autodefensa que las equipa dificulta estos supuestos, pero si lo fueran opinamos que, dado el carácter de la misión, siempre deberán prevalecer las consideraciones humanitarias por encima de las militares.

En cuarto lugar, la toma de una decisión militar ante un objetivo determinado permitiría por excepción que las necesidades militares predominen sobre las normas humanitarias aplicables. Entendemos una vez más, que la condición de respuesta bélica limitada y el mandato para el cual se despacha una fuerza de mantenimiento de la paz, pareciera no admitir que las conjeturas, que pueden ser permisibles para una fuerza armada nacional en un conflicto armado -es decir la prevalencia de la necesidad militar por sobre un principio humanitario- lo sean para ellas.

Al respecto, parece claro que la razón de la aplicabilidad de las normas del DIH a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, no puede encontrarse en el cotejo de la necesidad militar versus el respeto a los principios de humanitarismo, por cuanto si bien se trata de fuerzas militares, debe recordarse, que, por regla general, no son fuerzas para "hacer la guerra", sino para justamente lo contrario, "mantener la paz", no obstante que en ciertas situaciones pueden responder bélicamente en forma limitada en uso de la legítima defensa, sobre todo cuando no ha habido un previo cese del fuego.

La novedad aportada por la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado [23].

Esta Convención trae algunas disposiciones novedosas respecto a la cuestión que nos ocupa. En dos de ellas, las fuerzas de la ONU son tratadas como sujeto pasivo del DIH:

• art. 8: "... Durante su detención o captura, dicho personal será tratado de conformidad con las normas de derechos humanos universalmente reconocidas y con los principios y el espíritu de los Convenios de Ginebra de 1949".
• art. 20: "Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a: a) La aplicabilidad del derecho internacional humanitario ni de las normas universalmente reconocidas de derechos humanos según figuran en instrumentos internacionales en relación con la protección de las operaciones de las Naciones Unidas y del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado..." .

Entendemos que la respuesta a detalles más concretos sobre esta cuestión surgirá de la práctica que adopten la ONU y las organizaciones -como el CICR- que promueven el respeto al DIH.

Una conclusión

Dada la posible implicación de las fuerzas de paz en situaciones de extrema violencia, se está imponiendo la necesidad de efectuar, tanto en la teoría como en la práctica, una clara distinción entre las operaciones de mantenimiento de la paz y las de imposición de la paz. Así la aplicabilidad del DIH a las operaciones de la ONU podría definirse según que las fuerzas estén implicadas en una misión de combate o en operaciones de mantenimiento de la paz del tipo tradicional y consensual. En el primer caso habría que determinar la eventual capacidad de la ONU para obligarse por el DIH convencional, pero en el segundo caso nos parece claro que el DIH es aplicable en virtud de su carácter consuetudinario y aún de ius cogens aunque en varios documentos de la ONU se limiten a mencionar “sus principios y su espíritu”. La práctica reciente ha enturbiado la distinción entre las operaciones, lo que ha tenido como resultado que la cuestión de la aplicabilidad del DIH a las operaciones de mantenimiento de la paz parecería pasar a través de la línea divisoria entre mantenimiento de la paz e imposición de la paz. Este es otro motivo que nos lleva a reiterar la importancia de determinar jurídicamente las diferencias existentes entre las diversas generaciones de operaciones de la ONU, y, según su naturaleza, identificar las fuentes del DIH que les son aplicables.

Una modalidad práctica para aumentar la seguridad de que el DIH será respetado por las fuerzas de paz de la ONU, será perfeccionar y reforzar la cláusula 28 del Modelo de Acuerdo entre la Organización y el Estado que aporta personal y equipo a las Operaciones.

En síntesis, podemos decir que la posición del CICR sobre la aplicabilidad del DIH a las operaciones de paz de la ONU y su respeto por parte de los contingentes que las componen, destaca:

• Que los principios fundamentales y las normas consuetudinarias del DIH obligan a todos los Estados y a todas las fuerzas;
• Que lo que es universalmente obligatorio para todos los Estados debe serlo también para la organización universal establecida por los Estados y reconocida por ellos como entidad independiente de derecho internacional;
• Que, para conseguirlo, los Estados que ponen contingentes a disposición de la ONU tienen la obligación de darles las instrucciones adecuadas, por una parte, y que la ONU tiene la misma obligación por lo que respecta al mando unificado;
• Que las eventuales violaciones del DIH han de ser sancionadas por las autoridades nacionales del contingente que las infrinja; en caso de que se instituya una jurisdicción penal internacional para crímenes de guerra -ya sea universal, ya sea particular- habrá que estar a lo que su estatuto constitutivo determine;
• Que debido a una cierta complementariedad entre los objetivos finales de sus respectivos cometidos, las fuerzas para el mantenimiento de la paz deberían cooperar con el CICR, pero no deberían, en ningún caso, obstaculizar sus actividades ni poner en tela de juicio su competencia.

Por último, consideramos que los Estados Partes a los Convenios y Protocolos de Ginebra y las entidades como el CICR deben continuar en su tarea de difusión del DIH.

Así se deberán promover reuniones, jornadas y seminarios con los militares que han participado en operaciones de la ONU, con el fin de recabar información acerca de cuales han sido dificultades en el marco de la aplicación de las normas del DIH, y con ello mejorar los sistemas destinados a futuros entrenamientos para fuerzas de paz.