En nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), desearía yo, en primer lugar, agradecer la oportunidad que se me brinda para hacer algunas observaciones al comienzo de los trabajos de esta Conferencia Diplomática sobre la creación de un Tribunal Penal Internacional.

El principal objetivo del CICR es lograr que disminuya el sufrimiento y el número de víctimas causadas por los conflictos armados. Este objetivo sólo puede ser alcanzado trabajando en varios frentes a la vez.

Como ustedes saben, el CICR está muy comprometido en las operaciones de protección y de asistencia a las víctimas de los conflictos armados. Pero también tiene el cometido, que le han asignado los Estados Partes en los Convenios de Ginebra (actualmente 188) y la voluntad de trabajar para el respeto eficaz del derecho internacional humanitario por todos los que tienen el deber de aplicarlo. Ahora bien, si para garantizar esta aplicación se requieren medidas preventivas como la formación y la educación, también han de tomarse medidas represivas eficaces. Un derecho sin sanción pierde pronto su credibilidad; por ello, el CICR apoya los esfuerzos desplegados para desarrollar mecanismos eficaces de represión con los que poder cooperar y, a este respecto, encomia la declaración del Comité Permanente entre Organismos relativa al Tribunal Penal Internacional.

Es imperativo instituir un Tribunal Penal Internacional. Cierto es que los Estados seguirán asumiendo el deber que les incumbe de enjuiciar de conformidad con lo estipulado en los Convenios de Ginebra de 1949 y cuya obligación sigue vigente. Es evidente que han de desplegarse igualmente crecientes esfuerzos, a fin de que dichos Estados cumplan con sus obligaciones de enjuiciar por ellos mismos a los presuntos autores de crímenes de guerra. Por consiguiente, el CICR proporciona una asistencia técnica, mediante los Servicios de Asesoramiento, a con objeto de que los Estados puedan tomar las medidas legislativas necesarias para juzgar a las personas acusadas de haber cometido tales crímenes.

Pero, ya que no pueden ignorarse las deficiencias del sistema, es esencial la instauración de un Tribunal Penal Internacional que garantice el enjuiciamiento de los presuntos criminales de guerra cuando no hayan sido sometidos a las jurisdicciones nacionales. La impunidad de los criminales de guerra es intolerable

A la luz del papel complementario del futuro Tribunal en cuanto a las legislaciones nacionales, consideramos particularmente importante para que pueda realizar su difícil tarea, la comunidad internacional de Estados le otorgue las competencias necesarias para desempeñar su cometido. A este respecto, el CICR desearía en primer lugar, expresar su profundo deseo de evitar cualquier retroceso del derecho internacional humanitario existente, logrado tras largas y delicadas negociaciones y cuyos resultados nunca se han puesto en tela de juicio.

Permítanme ustedes hacer tres observaciones de fondo:

En primer lugar, el Tribunal Penal Internacional ha de tener jurisdicción por lo que atañe a los crímenes de guerra que se hayan cometido tanto en los conflictos internacionales como en los conflictos no internacionales, dado que, hoy, los más de los conflictos son de índole interna. Particularmente, en la lista de crímenes de guerra que será adoptada en el estatuto del Tribunal deberán incluirse las violaciones más graves de los Protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949. Conviene recordar que estos tratados han sido ratificados por 150 y 142 Estados respectivamente, sin contar que las más de estas disposiciones son de índole consuetudinaria.

En segundo lugar, el Tribunal Penal Internacional deberá tener jurisdicción intrínseca o automática por lo que respecta a crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Si se desea que su acción sea verdaderamente un complemento de los tribunales nacionales, el Tribunal Penal Internacional deberá tener esa jurisdicción desde el momento en que un Estado es parte en el Convenio. En virtud del principio de jurisdicción universal, cualquier Estado tiene derecho a y, en muchos casos, el deber de -sin necesidad del consentimiento de otros Estados- ejercer su jurisdicción o extraditar a las personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra. Por lo tanto, requerir, además, el consentimiento de los Estados para someter un caso al Tribunal supondría un evidente retroceso del derecho ya estatuido. Es difícil aceptar que los autores de crímenes de guerra puedan igualmente estar protegidos contra el enjuiciamiento.

En tercer lugar, el fiscal también ha de tener competencia para emprender investigaciones y entablar procesos procedimientos ex officio por propia iniciativa respetando, al mismo tiempo, claro está, el principio de complementariedad.

Me gustaría reiterar el firme apoyo que el CICR brinda al proceso iniciado y expresar su voluntad de contribuir constructivamente a la presente reunión. El establecimiento de un Tribunal Penal Internacional es un acontecimiento histórico lleno de esperanza para mejorar la protección de las víctimas de la guerra. Este tribunal no sólo permitirá enjuiciar a los presuntos autores de violaciones graves de este derecho, sino que será también una advertencia sin ambages para los autores de dichas violaciones; hay que acabar, repito, con el reino de la impunidad. Además, un tribunal de esta índole contribuirá a la reconciliación nacional en los países afectados por la violencia y surtirá notables efectos disuasivos. !Grande es nuestro reto!

Insto, pues, a todos los participantes a hacer que los logros de esta Conferencia estén a la altura de lo que el mundo entero espera. El CICR, guardián de los Convenios de Ginebra, desea ardientemente que, en los debates, la comunidad internacional muestre una firme voluntad reavivar los valores humanitarios que, aunque universalmente reconocidos, todavía son, en este fin de siglo, muy a menudo, conculcados.