7 de octubre de 2002 – Declaración oficial

Señor Presidente:

Desde el quincuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General, hemos asistido a una serie de desarrollos, tan importantes como positivos, en el marco de dos tratados de derecho internacional humanitario sobre armas. Estos avances dan prueba del potencial con que contamos para lograr significativos progresos en el tratamiento de las cuestiones relacionadas con las armas cuando se tienen, ante todo, en cuenta las consecuencias humanas del empleo de éstas, así como las normas fundamentales y ampliamente aceptadas del derecho internacional humanitario.

En la Segunda Conferencia de Examen de la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales (CAC), celebrada en diciembre de 2001, se tomó la decisión histórica de ampliar el ámbito de aplicación de todos los Protocolos de este tratado, a fin de que también sean aplicables en los conflictos armados no internacionales. Esta fue una decisiva confirmación de la determinación de la comunidad internacional de garantizar que las normas fundamentales que prohíben o regulan el empleo de ciertas armas clásicas se apliquen a los tipos de conflicto que prevalecen en la actualidad. La ampliación del ámbito de aplicación de la Convención constituye una señal, tanto para los Estados como para los grupos armados, de que las normas que contiene deben ser respetadas en todos los conflictos armados. Esto también facilitará la labor de promoción de las normas de la Convención que realiza el CICR.

Los Estados Partes en la CAC también acordaron emprender los debidos esfuerzos para afrontar, en el marco de un Grupo de Expertos Gubernamentales, el problema global de los residuos explosivos de guerra y de las minas antivehículo. Durante los dos últimos años, el CICR ha llamado la atención sobre las numerosas y dramáticas consecuencias humanas que generan los residuos explosivos de guerra que han quedado diseminados, tras los conflictos, en distintas partes del mundo. En contextos tan diferentes como Polonia y Laos, las municiones sin estallar se han cobrado varios miles de víctimas, y las tareas de remoción han requerido el desembolso de decenas de millones de dólares. En la medida en que proliferan los sistemas de armas capaces de lanzar enormes cantidades de artefactos explosivos a grandes distancias, aumentarán también los costos humanos, sociales y económicos, a no ser que se emprendan acciones urgentes. El trabajo del Grupo de Expertos ha sido alentador. Parece haber un amplio consenso acerca de que muchos problemas relacionados con esta cuestión son, en gran medida, previsibles y de que deberían abordarse en el marco de la CAC. Se han determinado muchos elementos para una posible solución; entre otros, la obligación de remover, o ayudar a remover, las municiones sin estallar, así como la de suministrar información esencial para alertar a las poblaciones locales y facilitar una eliminación rápida y segura de los explosivos. Sin embargo, es poco probable que se logren más avances significativos hasta que no se estudien propuestas específicas en un marco de negociación.

Habida cuenta de la aprobación de nuevos Protocolos en 1995 y 1996, de la reciente ampliación de su ámbito de aplicación y de la decisión de ocuparse de los residuos explosivos de guerra y las minas antivehículo, la CAC ha demostrado su potencialidad de instrumento dinámico. Ha sido capaz de responder a los desafíos que plantean las armas nuevas y la índole cambiante de la guerra. El CICR insta a todos los Estados Partes en la CAC a que se adhieran lo antes posible a la nueva Convención sobre ciertas armas convencionales, de alcance ampliado, y a los Protocolos en los que aún no sean Partes. Exhortamos asimismo a todos los Estados que no sean Partes en la Convención a que se adhieran a ella y aúnen sus esfuerzos para hacer frente en este foro al problema mundial de los residuos explosivos de guerra. El CICR considera que la futura labor en materia de residuos explosivos de guerra debería llevarse a cabo en el marco de un mandato para negociar un nuevo protocolo jurídicamente vinculante. Insta, pues, a todos los Estados Partes a apoyar ese proceso en la reunión especial de Estados Partes que se celebrará en diciembre.

La cuarta reunión de Estados Partes en la Convención sobre la prohibición de minas antipersonal, que tuvo lugar en septiembre, fue otro hito importante en los esfuerzos por erradicar la plaga de estas armas. La reunión demostró la eficacia de la Convención en reducir el número de minas antipersonal y en movilizar a los Estados, las organizaciones internacionales y las ONG hacia el objetivo de eliminar totalmente las minas antipersonal y sus terribles efectos. El hecho de que siete Estados más, entre ellos Afganistán y Angola, que se encuentran entre los países más afectados, se hayan adherido este año a la Convención evidencia el movimiento continuo hacia la universalización de dicho instrumento. Además, refleja un importante cambio de rumbo, al proponerse alcanzar objetivos específicos en plazos determinados. Para muchos Estados, la fecha límite para destruir sus reservas de minas es el año 2003 y, para retirar las que hayan sembrado, el año 2009. Se reconoció que la tarea capital de la Conferencia de Examen de 2004 será procurar que se cumplan esos plazos, que se movilicen los recursos necesarios, para lo cual se han iniciado los preparativos pertinentes. El CICR espera con interés la reunión de países de la Comunidad de Estados Independientes, de la que será anfitrión en Moscú a principios de noviembre, y en la que se examinarán las dificultades de esta importante Convención y las esperanzas que despierta. Exhortamos a todos los Estados que aún no son Partes a adherirse cuanto antes a ella.

Señor Presidente:

La Convención sobre armas biológicas, al prohibir la producción, el almacenamiento y la transferencia de armas biológicas, proporciona un complemento indispensable a la prohibición total del empleo de esas armas, estipulada en el Protocolo de Ginebra de 1925. Por ello, el CICR lamenta que las largas negociaciones destinadas a reforzar la Convención mediante un régimen de control del cumplimiento de sus normas no hayan concluido, como se esperaba, en noviembre de 2001. Instamos a los Estados Partes a que no escatimen esfuerzos para que, cuando se reanude, en noviembre, la Quinta Conferencia de Examen de la Convención sobre armas biológicas, se tomen medidas para garantizar que se mantengan y se refuercen, ante los rápidos avances científicos, las normas contenidas en el Protocolo de 1925 y en la Convención de 1972.

Preocupa al CICR que la “revolución biotecnológica”, que ya ha comenzado, pueda impulsar un empleo de armas biológicas que pase inadvertido. Esta preocupación ha inducido a la Institución a tomar la iniciativa poco frecuente de hacer un llamamiento a los Gobiernos, los científicos y los industriales sobre “Biotecnología, armas y humanidad”. El CICR reconoce que los beneficios potenciales de los adelantos en las ciencias y tecnologías biológicas son impresionantes. Pero la posibilidad de pervertir el uso de esos avances es sumamente perturbador.

Los agentes biológicos existentes pueden causar enfermedades a un gran número de personas y sembrar el terror entre la población. Los nuevos agentes y medios para lanzarlos podrían hacer más peligroso el empleo de armas biológicas, más difícil de detectar y, por consiguiente, más atractivo. Se ha demostrado recientemente la capacidad de la ciencia para manipular las bacterias existentes y crear un virus gracias a la información disponible en Internet y al material genético que puede pedirse por correo. Si no existe el debido control, los empleos hostiles de esos avances científicos podrían socavar las prohibiciones, antiguas y modernas, del empleo de toxinas como método de guerra, con sus imprevisibles consecuencias.

Ante tales riesgos para la humanidad, el llamamiento del CICR insta a los Gobiernos, a la comunidad científica y a la industria biotecnológica a trabajar juntos para garantizar que la biotecnología nunca se emplee con fines hostiles. Se proponen en él diversas acciones, según las posibilidades de cada destinatario, para garantizar que las normas actuales del derecho internacional humanitario se reafirmen y refuercen, que se controle de manera eficaz la propagación de los conocimientos y los agentes biológicos potencialmente peligrosos y que los científicos e industriales comprendan y asuman su responsabilidad moral y jurídica en la tarea de prevenir los usos abusivos. Las medidas específicas propuestas son: promulgar leyes que permitan procesar a los autores de hechos prohibidos por el Protocolo de Ginebra de 1925 y por la Convención sobre armas biológicas, así como códigos de conducta para científicos, médicos e industriales, y mejorar los instrumentos internacionales para detectar y combatir los brotes de enfermedades infecciosas. Por último, el CICR exhortó a los Estados a que aprueben, a alto nivel político, una Declaración sobre “Biotecnología, armas y humanidad” que contenga la obligación reiterada de respetar las normas vigentes y el compromiso expreso de emprender acciones preventivas.

El CICR sigue preocupado por la facilidad con que pueden obtenerse armas militares en muchas regiones del mundo. La Conferencia sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, celebrada el año último, ayudó a prestar más atención a los enormes costos humanos que acarrea la disponibilidad sin reglamentaciones de esas armas. Fue asimismo importante que la Conferencia reconociera que este comercio “socava el respeto del derecho internacional humanitario, obstaculiza la prestación de asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos armados y fomenta la delincuencia y el terrorismo”. La aplicación de las medidas acordadas reviste ahora suma importancia. Exhortamos a los Estados a revisar sus leyes y políticas sobre la transferencia y la disponibilidad de armas y municiones, con miras a restringir el acceso a las armas de quienes es probable que violen el derecho internacional humanitario. Alentamos asimismo a proseguir los esfuerzos a escala nacional y zonal para complementar las medidas enunciadas en el Plan de Acción, y esperamos con interés que, con ocasión de la primera reunión bienal de examen, que tendrá lugar en julio de 2003, se evalúe atentamente su aplicación.

Muchas gracias, Señor Presidente.