El propósito de la reunión, que tuvo lugar los días 18 y 19 de junio en Ciudad Quezón, fue examinar las lagunas existentes en el sistema de justicia penal y las deficientes condiciones de detención que afectan la vida de miles de detenidos en toda Filipinas.

El ministro de la Presidencia filipina, Eduardo Ermita, fue una de las personalidades que hizo uso de la palabra en la reunión. Entre otros ponentes cabe citar al Juez de la Corte Suprema Renato Corona y al congresista Matías Defensor, presidente del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes. Con anterioridad a la reunión, tres grupos de trabajo integrados por expertos técnicos, funcionarios de planificación y otros funcionarios públicos habían elaborado propuestas concretas sobre reformas penales y judiciales. En el curso de esa labor se determinaron las prioridades y las recomendaciones se presentaron luego a los encargados de formular las políticas y a los funcionarios gubernamentales nacionales y locales asistentes a la reunión.

Desde 1991 el CICR trabaja con el Departamento del Interior y con el gobierno local, y también con la Oficina de Administración Penitenciaria y Criminología, con el objeto de mejorar el trato que reciben los reclusos en los centros de detención para varones que administra la Oficina y las condiciones allí reinantes. En 2007, el CICR publicó un informe confidencial titulado, A Call to Action (Llamamiento para la acción), que hizo llegar a altos funcionarios de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del Gobierno de Filipinas. La reunión de la semana pasada fue una continuación de ese proceso destinado a elaborar medidas prácticas para aliviar el sufrimiento de los detenidos en los centros de reclusión y de sus familiares.

Son tres los ámbitos que requieren adopción de medidas en los lugares de detención administrados por la Oficina. El primero es el de las garantías judiciales y el debido proceso (es decir, las demoras de enjuiciamiento y la insuficiente supervisión de los casos jurídicos de los reclusos por parte de los abogados defensores). El segundo se refiere a la salud de los detenidos (por ejemplo, la gestión de la tuberculosis). El tercero es el de las condiciones de detención (agua y saneamiento, ventilación, áreas habitables, etc.).

El CICR confía en que las recomendaciones de los grupos de trabajo, una vez refrendadas por los altos dirigentes del Gobierno, permitirán mejorar el trato que reciben los reclusos y las condiciones de los centros de detención del país, y que ese proceso recibirá apoyo y cooperación en el plano internacional.